Al eliminar los estudios ambientales buscan acelerar los proyectos de inversión, pero medida podría afectar el medio ambiente.
Una comisión del Senado en Brasil está realizando actividades para lograr una enmienda constitucional (PEC 65) que les permita eliminar la necesidad de presentar las aprobaciones de estudios ambientales como requisito para los proyectos de obras públicas, incluyendo represas, carreteras, canales y operaciones petroleras, en todo el país. La aprobación de la medida tendría consecuencias desastrosas para los grupos de indígenas, porque sin estudios ambientales no tendrían herramientas legales para defender sus tierras.
Los medios locales han indicado que el Senador Blairo Maggi, quien impulsa la aprobación de la PEC 65, posee empresas que producen y exportan soya y otra de sus empresas provee infraestructura para la industria de soya, contruyendo terminales y carreteras para otras empresas industriales. Maggi se beneficiaría con la construcción de un sistema de canales para transportar soya al interior del país; asi como también se beneficiaría la represa de San Luis de Tapajós, proyecto cuya licencia fue cancelada en abril por la agencia IBAMA.
La Comisión del Senado de Brasil, ha aprobado una enmienda constitucional que recortaría los requisitos de seguridad que se exigían para la ejecución de obras públicas. Si se ratifica la enmienda, podría dar luz verde a grandes proyectos de infraestructura a nivel nacional, incluyendo el controvertido proyecto de la construcción de una planta hidroeléctrica en Sao Luiz do Tapajós, un proyecto cuya ejecución causaría mucho daño a la vida salvaje, el medio ambiente y afectaría de forma significativa a los grupos indígenas.
Los grupos ambientalistas identificaron esta medida el pasado 27 de abril e iniciaron acciones para tratar de detener el avance de la inciativa en la Comisión de Constitución. La medida permitiría a las empresas que ejecutan obras públicas continuar con sus proyectos proporcionando tan solo un estudio de impacto ambiental básico.
Los especialistas indican que en la práctica esta ley podría abolir el extenso proceso de licencias ambientales que se realizar para asegurar que los proyectos de infraestructura viables no afecten el medio ambiente.
El Instituto Socioambiental (ISA), una ONG de Brasil, presentó un comunicado en el que se indicaba que «si la PEC 65 es aprobada, causaría numerosos impactos negativos». Los especialistas de dicha ONG indicaron que sin contar con sólidas medidas que permitan prevenir y mitigar los impactos negativos generados por las obras públicas, Brasil se enfrentaría a muchos desastres ambientales como el colapso de los contenedores de residuos tóxicos que se produjo en Mariana, en el estado de Minas Gerais, en noviembre del 2015, evento que costó la vida a 19 personas y que ha generado demandas por 43,7 mil millones de dólares en compensaciones por parte del grupo BHP Bilinton y su socio Vale.
La aprobación de la enmienda legal propuesta por Maggi debe pasar por un debate en sesión plenaria en el Senado, luego pasar a la cámara de Diputados, y de ser aprobada allí, retornaría al Senado, donde se debe aprobar una vez más y luego el Presidente de Brasil tendría la posibilidad de vetarla.
La discusión continuará en Brasil, pero resulta claro que la reforma tiene como base intereses particulares de un grupo de personas con influencia en el gobierno.
Los estudiantes del área de Medio Ambiente de FUNIBER se mantienen atentos a los cambios en el entorno legal que permitan reforzar la protección del medio ambiente.
Fuente: Mongabay
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