El gobierno de Bolivia ha emitido una serie de normas que mejoran legalmente la situación de los adultos mayores en ese país, pero todavía falta mucho para llegar a una cabal aplicación de las normas. Javier Castro, director de HelpAge Bolivia, cosidera que los adultos mayores ahora tienen más leyes que los amparan, como resultado de la acción de un Estado más proteccionista, pero reconoció que falta mucho por hacer, pues lo más difícil es lograr que las leyes sean aplicadas.
Castro señala que hay muchas leyes que benefician a los ancianos, pero los adultos mayores desconocen sus derechos y las demás partes de la sociedad también desconocen las leyes que los amparan, por tanto no se les conceden sus derechos y los ancianos no pueden exigirlos.
Por su parte Elizabeth calizaya, responsable nacional del Proyecto Adulto Mayor de Cáritas Boliviana, indicó que las personas mayores de 60 años son las más maltratada por la sociedad y las leyes aprobadas no son aplicables.
El representante de HelpAge indicó que en Bolivia hay muchas denuncias por violencia intrafamiliar. En teoría la ley protege a los adultos mayores de todo tipo de violencia física y psicológica, pero de 2000 denuncias registradas por violencia contra adultos mayores, solo tres llegaron a estrados judiciales.
la ley 073 se emitió para dar protección a ancianos de áreas rurales. La ley de deslinde Jurisdiccional asegura que las autoridades indígenas originarias campesinas no tengan la capacidad de despojar a las personas mayores de sus tierras, ni expulsarlas cuando los ancianos no pueden cumplir deberes comunales, cargos y aportes.
La ley 1886 de Derechos y privilegios, indica que las personas mayores de 60 años tienen preferencia para ser atendidas sin hacer fila en ventanilla tanto en el Estado como entidades privadas. Esta ley también contempla que se realice un descuento del 20 por ciento en el consumo de agua, luz, impueso de inmuebles, pasajes en todo tipo de transporte. Desafortunadamente son pocas las entidades que aplican la ley de establecer una ventanilla especial para ancianos. Por otro lado el descuento sobre los servicios se aplica rara vez.
La ley 3323 del Seguro de Salud para las Personas Adultas Mayores (SSPAM) señala que quienes no estén afiliados a un seguro de salud tienen derecho a atención médica gratuita en todos los centros médicos dependientes del municipio. Pero la debilidad de esta ley radica en que se da maltrato a los pacientes en los servicios municipales, y estos centros de salud no cuentan con especialistas para tratar a los ancianos, en Bolivia solo hay nueve geriatras para atender a más de 900 mil adultos mayores en todo el país.
La Ley 369 garantiza el desarrollo integral de las personas mayores sin discriminación y violencia; trato preferente; acceso a la vivienda; a la alimentación; a la incorporación en el desarrollo económico y productivo del país; al reconocimiento de sus conocimientos y a la seguridad social integral. Es una ley muy general y todos los especialistas consideran que es muy ambiciosa y de difícil aplicación, considerando que no se han definido las líneas de acción.
La ley 3791 de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad) otorga una pensión vitalicia y universal a todas las personas mayores de 60 años que tengan o no jubilación. Esta norma se ha cumplido en buena medida y ha marcado una diferencia, sobre todo en el entorno rural. De acuerdo a los datos del Concejo Adulto Mayor de La Paz, del 84% de las personas adultas mayores que no tienen jubilación, el 20% trabaja hasta sus 80 años, el otro 20% está amparado por su familia y el restante 60% (unas 500 mil personas) vive en extrema pobreza y trabaja hasta morir.
De acuerdo a HelpAge el 59% de la población mayor de 60 años en Bolivia vive en situación de pobreza extrema, con menos de un dólar al día, y solo el 22% cuenta con una pensión jubilatoria.
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