Silvia Elisa Moreno Camacho, profesora del Máster Internacional en Ciencias Políticas, programa promovido por FUNIBER, estará el próximo día 11 de noviembre impartiendo el webinar «El Estado, la Administración y la Gestión Pública: una visión integradora».
Aprovechamos la ocasión y le hemos entrevistado para conocer más sobre cómo estos tres conceptos se integran en la práctica.
¿Cuál es la importancia de abordar de forma integral los conceptos de Estado, Administración Pública y Gestión Pública?
Estas concepciones son fundamentos teóricos y prácticos de las ciencias políticas, sobre ellas recae un gran porcentaje de estudios, análisis e investigaciones con la finalidad de desarrollar sus características, elementos, funcionalidad, entre otros. Aunque dichos estudios son aportes importantes al área, en la mayoría de los casos se muestran aislados, creando la errónea percepción de independencia. La realidad es que existe una relación directa y sistémica entre tales nociones.
La gestión pública se desarrolla en el marco de una institucionalidad comprendida dentro de la organización política, la cual a su vez es un elemento distintivo del Estado, cualquier deficiencia en alguno de estos elementos repercute de forma determinante en el desempeño del otro; por tal razón, un análisis particularizado debe pasar necesariamente por el abordaje teórico, jurídico y práctico integral de todos los conceptos en cada contexto.
De manera general, ¿los Estados han ido incorporando la innovación tecnológica y las nuevas prácticas de gestión en la administración pública?
El desarrollo tecnológico y el uso de internet evoluciona de manera acelerada posibilitando en todas las áreas un sin fin de alternativas que pueden ser gestionadas de forma eficiente a través de la TIC. Las administraciones públicas de los Estados no escapan a esta realidad pues este entorno incide cada vez más en las expectaciones de los ciudadanos que apoyados en el uso de plataformas digitales exigen un mejor desempeño de los servicios públicos.
Por tal razón, la digitalización en el sector público se convierte en un asunto perentorio que obliga a la implementación de cambios organizacionales en los que se incorporen nuevas tecnologías en aspectos como: la simplificación de los trámites administrativos, la mejora de los servicios públicos, la optimización de los costos, el acceso a la información pública, el aumento en la satisfacción ciudadana por el incremento de la eficiencia y la transparencia en la gestión gubernativa.
En la actualidad, el desarrollo de tecnologías y el aprovechamiento de las redes sociales aplicadas al sector público ha generado una nueva concepción de la gestión pública denominada e-Gobierno, gobierno electrónico o gobierno digital.
En este contexto, los Estados diseñan planes de innovación tecnológica que les permitan incorporarse a la era de la digitalización, entre ellos podemos resaltar a Dinamarca, destacada por la Organización de las Naciones Unidas como la administración más electrónica del mundo en el año 2019.
Igualmente, se distingue la experiencia de España donde han operado reformas legislativas que obligan a que los servicios públicos digitales se encuentren cada vez más presentes en los trámites administrativos como: declaraciones de rentas, trámites sanitarios, solicitudes, renovación de documentos de identidad, facturación, declaración de ingresos, entre otros.
En Latinoamérica, se resaltan iniciativas como la “Secretaria de Simplificación Productiva” en Argentina, la del “Estado Simple, Colombia ágil” o la de “Cero Papel y cero fila” de Chile, también destacan las reformas legales que impulsan el infogobierno en Perú con la implantación de la “Plataforma de Operatividad del Estado”, en Brasil las TIC a la tramitación pública que permiten el ahorro de millones de dólares, por su parte en México, la mayoría de los trámites gubernamentales se pueden hacer mediante plataformas digitales, lo mismo puede decirse de países como Uruguay y Panamá que adelantan proyectos de innovación y digitalización.
¿Los Estados suelen realizar evaluación del impacto de las políticas públicas para rendición de cuentas y colaboración social?
En un contexto en el que la sociedad civil exige resultados y rendición de cuentas a dirigentes y gobernantes, la evaluación se ha convertido en un instrumento que debe contemplarse como parte integral de la toma de decisiones públicas. Esta se define como una actividad que permite valorar el desempeño de la acción pública, y constituye una de las fases del ciclo de las políticas públicas de trascendental importancia.
En sus inicios la evaluación estuvo centrada en los mecanismos de programación, implantación y ejecución de los proyectos o programas. Recientemente se ha puesto énfasis en una evaluación que mida el impacto de las intervenciones públicas.
En lo que respecta específicamente a la evaluación de impacto resulta importante resaltar que su finalidad es comprobar y medir en qué grado los resultados obtenidos en el problema abordado son consecuencia directa y exclusiva de la ejecución del programa o política pública evaluada, por lo que no se trata solamente de saber si el problema que le dio origen a la intervención sufrió algún cambio positivo, lo que importa es que haya sido consecuencia concreta de la gestión pública.
En la actualidad la mayoría de las administraciones se encuentran en mora respecto a la obligación que tienen de evaluar la eficacia, eficiencia, resultados e impacto de sus programas, políticas y proyectos, esto se debe, por un lado, a la ausencia de voluntad política por parte de los directores y gerentes públicos para implantar la evaluación como herramienta de trabajo. Y, por otro lado, a la resistencia de los trabajadores públicos que niegan o desconocen sus beneficios, percibiéndola como una amenaza que traerá sobrecarga a sus labores cotidianas.
La corrupción es un tema frecuente en muchos países. ¿Cree que una gestión pública más eficiente dificultará casos de corrupción en las administraciones públicas?
La corrupción es definida como el abuso de autoridad, o desconfianza, para el beneficio privado. Sin duda alguna, la implementación de mejores prácticas de gestión pública evita este flagelo que tanto perjuicio ha causado a nuestros países. Las prácticas que se efectúen para combatirla no deben circunscribirse solamente a la sanción de normas legales, deben acompañarse de otras estrategias que incidan en la operatividad institucional, relacionadas con la modernización de la Administración y de sus mecanismos de control en los ámbitos de planificación, presupuestación, ejecución presupuestaria, procedimientos administrativos de trámites autorizatorios, contrataciones públicas, entre otros. No basta entonces el aparataje normativo que tipifique las conductas corruptas como delitos, dichas leyes no evitan per se la corrupción, se necesitan instrumentos de control interno institucional que operativicen mecanismos de vigilancia y detección de fraudes para proceder a las respectivas sanciones.
Partiendo entonces de que la mala gestión pública crea mayores incentivos y posibilidades de corrupción y que la normativa legal por sí sola no resuelve el problema, se hace necesario identificar facultades discrecionales perniciosas que deben ser erradicadas por ser focos de prácticas corruptas, entre ellas podemos destacar:
La excesiva intervención del gobierno en la actividad económica con la imposición de controles de precios, de divisas, restricciones a las importaciones y exportaciones, políticas de exoneraciones.
La ausencia de rendición de cuentas.
La falta de profesionalización de los funcionarios públicos y su baja remuneración.
La gestión absoluta y directa del Estado sobre la materia económica y financiera.
Los procesos de planificación y presupuesto público cerrados que limitan la participación ciudadana.
Los sistemas tributarios débiles y deficientes.
El cambio de estas realidades por un entorno que garantice un sector privado sólido al que se le respete el derecho a la propiedad, un sistema judicial transparente, un sistema tributario estable y justo, evitará la corrupción y estimulará el ahorro y la inversión privada interna y externa que redundará en una mejor calidad de vida de la población.
En sí, una buena gestión pública evitará en gran medida la corrupción y la ausencia de ésta impactará de manera positiva en calidad de la gestión pública y el crecimiento económico en general
¿Nos podría dar algún ejemplo de algún caso en que el Estado haya conseguido integrar la administración pública con la gestión, de manera eficaz?
Existen muchas experiencias exitosas en diferentes Estados que han logrado levantar administraciones públicas nacionales, estadales o locales conformadas por instituciones con objetivos claros cuya finalidad es intervenir en el área de sus competencias, los problemas sociales a través de políticas, programas o proyectos a los que se les asignan recursos públicos.
Muchas de estas instituciones desde su organización implementan las mejores prácticas que les permiten establecer controles internos de gestión que se aplican de forma transversal a todos y cada uno de los procesos desarrollados, llámense de planificación, presupuestación, ejecución de la gestión pública y evaluación de resultados e impactos, todo ello con la participación activa de los ciudadanos como destinatarios y beneficiarios de esas políticas públicas.
Entre muchas de ellas podemos destacar las siguientes:
Colombia:
Ente gubernamental: Gobernación de Caldas
Política Pública: Caldas libre de Cultivos de Coca
Objetivo General: Control de Cultivos Ilícitos
Resumen: El proyecto es una iniciativa institucional de modelo integral de buenas prácticas en gestión territorial del Gobierno de Caldas, la cual se construyó con un enfoque social, público y colectivo, direccionado en la solución integral de problemas que afectaban las comunidades, donde la articulación, trabajo en equipo y despliegue de Políticas Públicas, evidencian la trasformación de zonas que estuvieron afectadas por cultivos de coca y que hoy son un territorio de oportunidades.
Resultados: Caldas, primer departamento de Colombia libre de cultivos ilícitos
Ente gubernamental: Alcaldía Mayor De Bogotá
Política Pública: Laboratorio de innovación de organizaciones sociales
Objetivo General: Empoderamiento Ciudadano
Resumen: El Laboratorio de Innovación de Organizaciones Sociales del Instituto de la Participación facilita espacios en los cuales la propia ciudadanía puede priorizar sus problemas, decidir en forma colectiva cuál es la mejor manera de solucionarlos, y con el acompañamiento de expertos, generar sus propios cambios.
Ente gubernamental: Alcaldía de Palmira
Política Pública: Presupuesto Participativo – PP – como programa para la concertación del desarrollo local
Objetivo General: Población General del territorio
Resumen: Bajo desarrollo social y económico en zonas rurales del municipio de Palmira y desconfianza de los habitantes en la Administración Pública local, que originó falta de legitimidad en las instituciones y malestar en los habitantes del área rural -quienes representan el 98,1 % del territorio
Para la resolución del problema, la administración diseñó e implementó un “Modelo de Gestión de Presupuesto Participativo – PP” que posibilitó la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones de priorización y destinación de recursos, a partir de los siguientes elementos diferenciadores: (a) diálogo con las comunidades urbanas y rurales para realizar proyectos estratégicos concertados y elegidos entre la comunidad; (b) creación de un sistema para la gestión del presupuesto participativo a partir de referentes de instrumentos nacionales y (c) diseño de rutinas de seguimiento encaminadas a mejorar los procesos de la entidad.
Resultados: La Administración de Palmira, gracias a la implementación del modelo, obtuvo los beneficios sociales y administrativos que se mencionan a continuación: (a) Mejoramiento de indicadores: en los sectores de salud, educación, justicia, seguridad y convivencia ciudadana; vivienda y ambiente agua potable y saneamiento. 15% del presupuesto de inversión del municipio
Disponible en:
México:
Experiencias disponibles en:
https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/buenas-practicas-de-gestion-publica
¿Hablarás sobre estos temas en el próximo webinar?
Efectivamente, en esa intervención disertaré sobre los elementos distintivos del Estado resaltando a la organización política como aparataje institucional donde se concreta la administración pública y se ejecuta la gestión pública, con la finalidad de presentar una visión integral de la concepción de Estado, administración pública y gestión pública, se pretende explicar la relación sistémica de los conceptos haciendo énfasis de manera muy general en las mejores prácticas.
Más información sobre el webinar: FUNIBER organiza webinar sobre conceptos políticos