193 países aprobaron «sin modificaciones» el documento de la cumbre Río+20. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon reconoció que él esperaba que se lograse un acuerdo más ambicioso «Sé que algunos países esperaban un acuerdo más ambicioso. Yo también lo esperaba», dijo en su intervención, pero también indicó que los países enfrentan limitaciones «Había muchas propuestas ambiciosas, pero los países tienen límites e intereses específicos«. Desde el lado de las ONG ambientalistas, calificaron el documento como un fracaso. Representantes de la WWF indicaron que el documento estaba «lejos de ser satisfactorio desde cualquier punto de vista«. El representante de Greenpeace indicó «Río+20 se transformó en un fracaso épico. La Conferencia falló en términos de equidad, de ecología y de economía». Pero dentro de las reuniones se han escuchado propuestas interesantes sobre las que se podría trabajar en el futuro.
Palabra de presidente
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, indicó que para poder cambiar hacia un modelo de desarrollo sostenible es necesario establecer un «nuevo concepto de desarrollo» porque a medida que crecemos aumentamos el consumo de energía y recursos, sin tener en cuenta al planeta.
Correa señaló que lograr un crecimiento sostenible «implica conceptos nuevos de desarrollo, pasar del concepto occidental de acumular, el materialismo, etc.. al concepto de nuestros pueblos ancestrales, el buen vivir, satisfacer necesidades y derechos, pero viviendo en armonía con la naturaleza y otros seres humanos manteniendo permanentemente las culturas, e implica establecer algo que no logramos en esta cumbre: ´la declaración de derechos de la naturaleza´ y que nadie se engañe, no se ha logrado porque perjudica al gran capital.»
Ecocidio
Considerar la destrucción de la naturaleza (ecocidio) como un crimen no es una idea nueva, el abogado Mark Gray tomó el término y propuso en 1996 que el ecocidio sea considerado como un crimen. Pero pasarán muchos años antes de que se llegue a un acuerdo, a menos que primero se establezca, como propone Correa, la «declaración de derechos de la naturaleza». El problema radica en que en este momento no todos los países tienen leyes para proteger a la naturaleza, y por otro lado se debe considerar que la mayoría de empresas que destruyen la naturaleza son aquellas cuya matriz procede de un país extranjero, con lo cual es necesario establecer una ley que se aplique a nivel global.
La abogada Polly Higgins propone a la ONU que el ecocidio se convierta en uno de los cinco «crímenes contra la paz» internacionales, de esa forma los casos se podrían juzgar en la Corte Penal Internacional. Algunos activistas, como el movimiento Eradicating Ecocide consideran que no solo se debería encarcelar a las corporaciones que destruyen entornos naturales, sino que también deberían juzgar a los presidentes y ministros de un país que permitan tal destrucción.
Todavía queda un largo camino hasta que se pueda definir legalmente el ecocidio. Los especialistas deben precisar si actividades que tienen un impacto económico, social y ecológico como la pesca intensiva, la explotación de una mina a cielo abierto (y su impacto en la zona que opera), la tala de árboles para sembrar cultivos de soya y otras actividades podrían ser consideradas crímenes. Por otro lado queda sobre el tapete la discusión sobre la responsabilidad en casos de accidentes como los derrames de petróleo.
Energía limpia
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó una estrategia para el desarrollo de los países de Latinoamérica en la que se propone que los gobiernos ejecuten reformas tributarias en las que se reduzcan los subsidios a los combustibles fósiles y se ofrezca incentivos para el desarrollo de tecnologías limpias. Algunos países latinoamericanos gastan más en los subsidios de combustibles fósiles que en programas sociales como salud o educación.
Fondo para megaciudades
Una iniciativa positiva se ha dado por parte de ocho bancos de desarrollo, entre los que se cuentan al Banco Europeo de Desarrollo y el Banco Mundial. Estas entidades financieras establecerían un fondo de 175 mil millones de dólares para los próximos diez años con miras a desarrollar sistemas de tráfico acordes a las megaciudades del hemisferio sur, ya que es en esas ciudades donde la emisión de CO2 está aumentando con mayor velocidad, y es necesario hacer algo ahora, porque las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado en un 40 por ciento en todo el mundo en los últimos 20 años.