Si a la reducción del fitoplacton sumamos la tala indiscriminada en las selvas del mundo, tenemos la receta ideal para que la vida en el planeta se acabe lentamente por la falta de oxígeno o alimento. Los países de latinoamérica poseen una vasta extensión de selvas tropicales, aunque la extensión de las mismas ha ido disminuyendo rápidamente por la tala indiscriminada, el desarrollo de monocultivos, y la contaminación generada por la explotación petrolera y minera. Frente a esta triste fotografía de Latinoamérica, Ecuador se ha diferenciado al tomar un enfoque distinto y desarrollando una estrategia para captar divisas del extranjero sin afectar las selvas de su país.
Las actividades industriales que generan un alto nivel de contaminación son indirectamente permitidas por los gobiernos de América del Sur. Esta realidad se origina porque muchos países no han establecido mecanismos de supervisión que permitan controlar el impacto ambiental de las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales; además, la necesidad de captar divisas y generar empleo hace que las autoridades mantengan un control poco estricto de negocios contaminantes.
El Ecuador ha sido en primer país en proponer una solución que plantea un equilibrio entre la necesidad de recabar fondos para el país y la urgencia de proteger el medioambiente. El proyecto se ha denominado Yasuní-ITT y estaría orientado a proteger las áreas de Ishpingo, Tambobocha y Tiputini (http://yasuni-itt.gob.ec/¿como-funciona-la-iniciativa/). Por esta inicativa, el gobierno ecuatoriano establece un fondo a través de un fideicomiso internacional, y se compromete a no explotar por tiempo indefinido las reservas petroleras del campo ITT en el Parque Nacional Yasuní, mientras que la comunidad internacional se compromete a contribuir con fondos para desarrollar tecnología y ejecutar proyectos orientados a la conservación del ecosistema.
El acuerdo recientemente firmado por el gobierno de Ecuador y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) permitirá que la comunidad internacional canalice dinero para apoyar el proyecto Yasuní-ITT. Esta iniciativa de protección ambiental fue lanzada por el Gobierno de Rafael Correa hace tres años. Al ejecutar este proyecto el gobierno de Ecuador dejaría bajo tierra alrededor de 846 millones de barriles de petróleo, pero a cambio esperan recaudar de la comunidad internacional aproximadamente unos 3.600 millones de dólares, que equivale al 50% de los fondos que recibiría el país si decidiera extraer el petróleo.
Con esperanzas
Tras la firma del acuerdo, autoridades de Francia, Holanda, Italia y Noruega manifestaron estar interesadas en el proyecto. Alemania por su parte se comprometió a entregar 50 millones de dólares anuales durante los próximos 13 años como aporte a este proyecto. Estos fondos son administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e invertidos por el Estado ecuatoriano. El dinero recaudado será destinado a combatir la probreza en las zonas aledañas a la reserva Yasuní, desarrollo de ciencia y tecnología para la generación de energía renovable, reforestación y proyectos similares.
Pero ¿qué pasaría si el gobierno actual o futuro se arrepiente e inicia la explotación de petróleo en el Yasuní? Para garantizar que el proyecto sea viable en el largo plazo se han creado los Certificados de Garantía Yasuní, documentos que serán entregados a los contribuyentes al fondo, y les permitirá reclamar su dinero si en algún momento el Ecuador incumple con su parte del trato.
La Administradora Adjunta del PNUD, Rebeca Grynspan, dijo al diario El Universo «Quiero resaltar lo innovador, audaz y vanguardista que es este aporte de Ecuador para la humanidad, de señalar un camino distinto para que el mundo pueda desarrollarse, mejorar el bienestar de sus ciudadanos, pero también ser consciente del cambio climático».