En las últimas décadas, las problemáticas relacionadas con el medio ambiente se han convertido en un tópico central, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo.
En los países más industrializados, es la contaminación lo que más preocupa a los estadistas y lo que demanda mayores esfuerzos por parte del sector público para tratar dicha temática.
En los países en vías de desarrollo, por otra parte, se reconoce que la contaminación y la degradación de los recursos naturales se han transformado en un obstáculo para el desarrollo económico y la paliación de la pobreza. La situación anteriormente enunciada se agrava mucho más en países emergentes que en países desarrollados, ya que estos últimos suelen proveerse, en gran medida, de recursos primarios del tercer mundo (capital natural) para abastecer su producción, tercerizándose la degradación ambiental.
La idea de que la degradación de los recursos naturales se vuelve un obstáculo para el desarrollo es relativamente nueva, y está directamente asociada al concepto de sustentabilidad. Según Hicks-Lindahl el enfoque económico de la sustentabilidad es, conceptualmente, “el máximo flujo de ingresos que podría generarse manteniendo por lo menos la reserva de activos (o capital) que rinden estos beneficios”.
Partiendo desde la idea anterior, se puede concebir con claridad que existen falencias estructurales en el enfoque tradicional con que se calculan las Cuentas Nacionales (CN), que consideran la relación costo/beneficio pero sólo desde lo relativo a la producción de bienes y servicios, haciendo énfasis en la eficiencia económica (que es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo sustentable) y despreciando la degradación de los recursos que son, al fin y al cabo, los proveedores, soporte y sumidero de esos bienes y servicios que poseen un valor en el mercado.
Para incluir correctamente los aspectos ambientales en los análisis económicos, se deben reexaminar las técnicas corrientes de contabilidad de los ingresos.
El PBI (Producto Bruto Interno), actualmente el principal índice que los estados consideran para medir su prosperidad, no toma en cuenta:
-La distribución del ingreso
-Las actividades ajenas al mercado (informales)
-La degradación ambiental
Las Cuentas Nacionales no miden con precisión el bienestar, no incluyen la depreciación del capital natural. Además, los costos de descontaminación (los gastos en los que se ha incurrido para restaurar o reparar algún daño al medio ambiente) sirven muchas veces para abultar el ingreso nacional, a la vez que los daños ambientales que los contrarrestan no son incluidos.
Es necesario elaborar un Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) que rinda un producto neto interno y un ingreso neto ajustados conforme a consideraciones ambientales.
Los (SCN) Sistemas de Cuentas Nacionales tradicionales presentan las siguientes falencias:
-No realizan un balance de activos que incluya a los recursos naturales
-Incluyen el gasto por descontaminación pero no el daño ambiental
-No incluyen la depreciación y degradación de los RRNN
Dado que la productividad sostenida de la economía se ve amenazada por la escasez de recursos naturales, es de vital importancia para el bienestar de generaciones futuras que se comience a incluir estas cuestiones en las CN.
La Comisión de las Comunidades Europeas elaboró, en 1993, un Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI) que publicó en un manual de contabilidad nacional. El SCAEI es un producto que pone de relieve la necesidad de evaluar la sostenibilidad del funcionamiento de una economía desde el punto de vista ecológico, aspecto que incorpora a las CN tradicionales a través de “cuentas satélite”, que integran los cambios del medio ambiente en las mediciones corrientes sin modificar las cuentas convencionales: complementan las cuentas centrales del SCN.
Con este nuevo enfoque, el agotamiento de los RRNN se considera un costo de producción, ya que éstos son incluidos en el capital. Se destacan a continuación los activos considerados en el SCAEI:
ACTIVOS ECONÓMICOS:
Kep (Capital económico producido)
Kenp (Capital económico no producido): suelo, yacimientos minerales, etc.
ACTIVOS AMBIENTALES:
Kanp (Capital ambiental no producido): agua, aire, etc.
Los balances tradicionales contemplan en sus activos al capital económico producido: Kep t+1 = Kept + IN (inversión– depreciación) + Rev (revaluación de activos)
El tipo de balance propuesto por la Comisión de las Comunidades Europeas en 1993 contempla:
Kt = Kep (capital económico producido) + Kenp (capital económico no producido) + Kanp (capital ambiental no producido). Esto representaría los activos totales.
La fórmula detallada del balance propuesto por la Comisión de las Comunidades Europeas en 1993 es bastante compleja, se explicará a continuación (remarcando los componentes que ya eran considerados en los balances tradicionales).
Kt+1 = Kep + IN – [Ag Kenp + Ag Kanp + Dep Kanp + (rI Kenp + rI Kanp) + Rev Kep + Rev Kenp + Rev Kanp]
Ag = Agotamiento de…
r = Cambios en…
Rev = Revalorización de…
En rojo y negrita = Variables que ya eran consideradas en los balances tradicionales
Más allá de todas las ventajas y consideraciones enunciadas sobre la ampliación de las variables a considerar en los Sistemas de Cuentas Nacionales, existen aún muchas dificultades para incorporarlas de manera asertiva en la planificación, ya que muchas veces es difícil cuantificar el deterioro ambiental:
– Porque puede llegar a estar asociado a connotaciones de índole fundamentalmente cualitativa
– Porque muchos bienes ambientales no tienen un valor monetario en el mercado
– Porque muchos bienes ambientales tienen un valor monetario en el mercado, pero este valor monetario no refleja el verdadero costo de reposición del mismo
Para superar estas dificultades, existen diferentes métodos de valoración que pueden cuantificar monetariamente el valor de los bienes ambientales; evaluando cómo el impacto sobre un bien ambiental (BA) afecta a la cantidad y calidad de la producción; evaluando cómo el impacto sobre un BA impacta sobre la salud de la población, qué producto humano se pierde por tal motivo (efectos sobre la salud, mortalidad) y en qué gastos incurre el Estado para subsanar lo anterior; evaluando cuáles son los costos de revertir o mitigar un daño, costos que podrían considerarse un cálculo mínimo de los beneficios de evitar la degradación; evaluando el costo de reemplazo del bien ambiental (cuánto costaría recurrir a un recurso alternativo), etc.
Si bien el tema se encuentra aún en fases muy tempranas, es lógico que los primeros intentos por abordar este enfoque presenten dificultades derivadas de la inexperiencia, e imprecisiones esperables de un momento histórico en el que nos encontramos en medio de un cambio de paradigma.
Desde una perspectiva económica tradicional, a medida que un recurso se agota cabe esperar que la elevación de su precio en el mercado permita acudir a otras fuentes, fuentes que antes no eran utilizadas por sus altos costos marginales de explotación. Si tomáramos por caso el agotamiento de los suelos o la disminución de las reservas de agua apta para consumo humano, se estará elevando el costo relativo de la mera supervivencia. Si ello implica una mayor pobreza, la evolución real podrá verificar un incremento de la presión sobre el gasto público, cuya fuente de ingreso (la recaudación impositiva) disminuirá de manera sostenida.
Quienes más se favorecerían con la incorporación del SCAIE en su sistema de cuentas nacionales, en el mediano plazo, serían los países emergentes, ya que su desarrollo depende casi exclusivamente de la explotación de sus recursos.
Es por la falta de sostenibilidad del actual modelo de producción y consumo, que un cambio de paradigma es inevitable, no sólo en pos de la rentabilidad económica en el largo plazo, sino por el aseguramiento del bienestar y subsistencia de generaciones futuras.
Pablo S. Olinik