Resolución de arbitraje internacional, de órgano del Banco Mundial, favorece a empresa que actuaba en el sector de energía renovable en España
España violó el artículo 10 de la Carta da Energía, de acuerdo con el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID), con relación al cambio del marco regulatorio sobre las energías renovables. Con la sentencia, el gobierno español tendrá que pagar 128 millones de euros a Eiser Infrastructure, fondo ligado a ABN Amro. La resolución da un precedente para las más de 26 denuncias pendientes de ser juzgadas referentes a los cambios repentinos en las reglas y en el recorte de las subvenciones realizados entre 2010 y 2013.
El gobierno modificó las ayudas vigentes entre 2006 y 2012, que dieron origen a muchas inversiones en proyectos solares y térmicos, ya que el gobierno daba garantías de rentabilidad.
Con el laudo del ICSID, es muy probable que no se admita recurso, a pesar del Ministerio de Energía en España haber anunciado que recurrirá de la sentencia. El Ministerio alega que la resolución no considera el derecho soberano del estado de tomar medidas regulatorias desde las necesidades públicas.
En enero de 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo se pronunció sobre una demanda presentada por la empresa Charanne B.V. y Construction Investiments. En aquella ocasión, la sentencia fue a favor de España.
Ya en territorio nacional, las empresas lamentan no tener la posibilidad de acudir al tribunal internacional de arbitraje. La gran parte de las denuncias de los pequeños productores españoles se centran en la energía solar y termosolar, que sufrieron con los cambios de 2010 y finales de 2015.
“Resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales”, afirmó un comunicado de la Asociación Anpier, constituida por pequeñas empresas de fotovoltaicos.
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